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Aviso para Dictadores


Mario Vargas Llosa/Cubanitoweb 

Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa

La condena del ex dictador Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos, que ha dictado un Tribunal de la Corte Suprema del Perú, trasciende largamente la demarcación geográfica peruana y gravita, a partir de ahora, sobre toda América latina como una advertencia a quienes, de un confín a otro del continente, aspiren a tomar por asalto el poder y gobernar amparados por la fuerza. 

Ya saben los gobernantes que pisotean la Constitución y las leyes y mandan torturar y asesinar que sus crímenes no quedarán impunes -como casi siempre ha ocurrido hasta ahora-, sino que tarde o temprano pueden ser juzgados y sancionados por sus propios pueblos. Se trata de un precedente histórico señero para quienes soñamos con una América latina emancipada para siempre de la peste autoritaria.

lberto Fujimori

lberto Fujimori

El ex dictador ha sido condenado por dos secuestros y dos matanzas particularmente crueles, de las muchas que se perpetraron durante su régimen; pero no por el delito más grave que cometió: haber destruido mediante un acto de fuerza militar, el 5 de abril de 1992, la democracia, gracias a la cual dos años antes había sido elegido en comicios legítimos para ocupar la presidencia del Perú. Los dos secuestros -del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer- coincidieron con el golpe de Estado. La primera de las matanzas se había realizado unos meses antes, en noviembre de 1991, en un barrio del centro de Lima -Barrios Altos-, donde un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina, integrado por militares y formado con anuencia de Fujimori, asesinó a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, que celebraban una fiesta en un vecindario, con el pretexto -falso- de que eran senderistas y se proponían recolectar fondos para el movimiento terrorista de Sendero Luminoso.

Uno de los factores que desencadenaron el putsch fue, por lo tanto, garantizar la impunidad para los delitos que ya venía cometiendo el nuevo gobierno, no sólo contra los derechos humanos, también económicos, pues ya había comenzado el saqueo de los haberes públicos, algo que, en los años siguientes, alcanzaría un ritmo paroxístico bajo la batuta del brazo derecho del presidente y experto en latrocinios Vladimiro Montesinos.

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