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Estado de sitio

8 diciembre 2008 1 comentario

Cubaencuentro/Cubanitoweb

Vender siete paquetes de refresco y cinco máquinas de afeitar cuesta un año de prisión. La televisión oficial avisa: ‘te estamos mirando’.

Un holguinero recupera tejas de zinc tras el paso de Ike. (REUTERS)

Un holguinero recupera tejas de zinc tras el paso de Ike. (REUTERS)


Los cargos van desde la procedencia ilícita, la especulación, el acaparamiento, el encubrimiento, hasta la receptación. Todos giran en la misma cuerda del abuso de poder de la policía y el sistema judicial de Holguín y del resto del país. 

Desde que esta provincia fue afectada por Ike, hace tres meses, el poder político tuvo la iniciativa de “acabar con los estafadores del pueblo”, según palabras del líder local del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel.

Así comenzó una cruzada en la que, como es típico del proceder judicial y represivo, se han cometido todo tipo de violaciones y se han ejecutado variados métodos extrapenales.

Para complacerse y ejecutar sin rivalidad los procedimientos penales, se apoyan en los juicios sumarios, alegando que “estamos en estado de sitio”, como recalcara Díaz-Canel en la Mesa Redonda, al hacer referencia a las conductas adoptadas en la llamada “fase de recuperación” tras los huracanes.

Ataviados con sus uniformes verde oliva, los máximos dirigentes del país instruyen a jueces y oficiales operativos en su tarea de exterminar “las lacras de la sociedad”.

Casos y causas

Un botón serviría de muestra. ¿Son antisociales todos los ciudadanos juzgados? ¿Todos han cometido delitos?

Con el contubernio de la prensa oficialista, se publican los casos procesados por los tribunales municipales, pero nunca se mencionan los nombres de los enjuiciados, ni tampoco los argumentos de las causas.

Documentos clasificados de la Dirección Provincial de Justicia, a los cuales tuvo acceso CUBAENCUENTRO.com, revelan aristas de la imparcialidad con que se ha obrado en los juicios de marras.

Ante el desabastecimiento que existe en Holguín, muchas personas se ven obligadas a comprar productos de primera necesidad, “cuando aparecen”. Así lo relató Maribel Batista a un fiscal del municipio Rafael Freyre, pero el letrado consideró una falta grave que a la acusada se le ocuparan 11 paquetes de detergente, de 250 gramos, y 19 jabones de tocador.

Instruida de cargos por el delito de “acaparamiento”, esta mujer de 34 años de edad tendrá que pagar 500 pesos de multa y permanecerá un año bajo limitación de libertad. Una posible atenuante no se tuvo en cuenta: la acusada padece una afección severa de salud.

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